La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció hoy la designación, por consenso, de Antonio Domínguez Álvarez como nuevo Fiscalizador General de la entidad.
“La Junta Directiva, luego de desarrollar un proceso de selección riguroso, similar al desplegado para las recientes designaciones del Administrador y Subadministrador del Canal, designó en reunión extraordinaria, al ingeniero Domínguez sobre la base de sus credenciales y experiencia profesional”, explicó el Ing. Roberto Roy, presidente de la Junta Directiva de la ACP.
Roy explicó que con la designación de un nuevo Fiscalizador General se fortalece la tradición de transparencia y eficiencia en los procesos que han distinguido a la ACP. “El papel del Fiscalizador General es clave por cuanto se ubica en el centro del modelo de gestión del Canal al velar por el cumplimiento preciso de los procesos que garantizan la eficiencia y el buen uso de los recursos”, señaló.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la ACP, es responsabilidad de la Junta Directiva designar al Administrador, al Sub Administrador, al Secretario de la Junta Directiva y al Fiscalizador General de la ACP.
Sobre Antonio Domínguez A.
El señor Domínguez Álvarez es ingeniero graduado de la Universidad de Notre Dame (Indiana), con una maestría en Engineering Management de Northwestern University (Illinois) y un M.B.A. en J.L. Kellogg Graduate School Management (Illinois) con énfasis en finanzas y contabilidad. Durante los últimos 30 años ha desempeñado posiciones gerenciales corporativas, siempre en el sector privado. Por nueve años se desempeñó como miembro de la Junta Directiva de la ACP de forma destacada en las áreas de finanzas y auditoria. El ingeniero Domínguez es un profesional independiente y nunca ha pertenecido a un partido político.
Sobre el Fiscalizador General de la ACP
Según la Ley Orgánica de la ACP, “El Fiscalizador General es responsable por la realización y supervisión de áuditos e investigaciones relacionadas con la operación de la Autoridad. El Fiscalizador General deberá promover la economía, eficiencia y efectividad en la administración, prevenir y detectar el fraude y el abuso de autoridad, así como recomendar las políticas destinadas a esos fines.
